Un festival de indemnizaciones en el que nadie quiere quedar fuera: la multimillonaria industria de la culpa
  

En los años 90, un gobierno peronista liderado por Carlos Saul Menem decidió cerrar la grieta creada por la violencia de la década del 70 echando una inusitada cantidad de dinero dentro. Luego de indultar a militares y terroristas por los crímenes que habían cometido, estableció un sistema de pago de indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de estado. La mayoría oficialista en el Congreso convirtió esa decisión en la ley 24.043 sancionada en noviembre de 1991. 

En su reglamentación se estipulaba un pago compensatorio a quienes hubieran sufrido una detención por parte del Poder Ejecutivo desde el 24 de diciembre de 1976 al 10 de diciembre de 1983. El texto fijaba el monto diario a pagar como el equivalente a “la treintava parte de la remuneración mensual asignada a la categoría superior del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional (Dec. 1428/73) por cada día que duró la medida mencionada”. En caso de lesión gravísima o muerte durante el exilio, los montos se incrementan hasta un pago extra equivalente a cinco años de indemnización. 

Esa norma era complementaria del Decreto 70/91, que establecía una indemnización para los familiares directos de quienes figuraran en los listados de desaparecidos por el gobierno militar en el mismo periodo que contemplaba la Ley 24.043.

En mayo de 1994, la Ley 24.321 estableció un monto de 224.000 dólares de ese momento por cada persona desaparecida y un sistema de corroboración que funcionaba de un modo expedito: se debe publicar la intención de pagar la indemnización en forma de edicto en el Boletín Oficial o en un diario de la zona de la desaparición denunciada por tres días. Si nadie contestaba en el plazo de sesenta días, se procede a declarar la desaparición como cierta y a depositar la suma correspondiente en la cuenta del peticionante.


En diciembre de 1994, otra ley con el número 24.411 estableció que los familiares de los desaparecidos debían recibir “un beneficio extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los agentes nivel A del escalafón para el personal civil de la administración publica nacional”. Este beneficio era para quienes fueran familiares, pudieran acreditar una unión de hecho de al menos dos años o hubiesen tenido descendencia reconocida. 

Hasta hoy no se hicieron públicas las cifras pagadas por el Decreto 70/91. Tampoco el listado de los alcanzados por la Ley 24.043 y sus modificatorias. 

El 26 de noviembre de 1997, una nueva ley, en este caso la 24.096, amplió los plazos para presentar los pedidos de indemnización por exilio y estableció que “Gozarán del beneficio que establecen las mencionadas leyes las personas que hubiesen estado a disposición del Poder Ejecutivo nacional o que siendo civiles hubiesen estado a disposición de autoridades militares en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 y, en ambos casos, aunque hubiesen tenido proceso o condena judicial”.

Es decir que el reparto se amplió a los que habían sido alcanzados por la acción punitiva del estado sin importar si hubieran estado detenidas por haber cometido delitos probados por la justicia. 

Pero la entrega de beneficios se amplió aun mas con el paso del tiempo y se volvió frenética de 2003 en adelante. 

En agosto de 2004 se sumó la Ley 25.914. Esta norma incluyó en las indemnizaciones a los “Hijos nacidos durante la privación de la libertad de sus madres o desaparecidos por razones políticas”. El pago a recibir por única vez, fue establecido en un monto equivalente a “20 veces la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 8 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa”

El 15 de noviembre de 2009, se sancionó la ley 26.554 que ampliaba otra vez el universo de posibles demandantes de indemnizaciones. En esta oportunidad, estableció que se incluyera en los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411 a las personas que hubieran estado detenidas, desaparecidas o muertas por el Estado entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983. En el artículo 2° aclara además que se incluye a las “víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955, sea que los actos fueran realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales o por grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas”. Traducido, implicaba incorporar a las personas que participaron de la rebelión del general Juan José Valle contra el gobierno militar de la Libertadora. Pero, además, en el artículo 4° se sumaron a los detenidos por el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) un plan de represión ideado por el gobierno peronista y puesto en marcha durante la administración del desarrollista Arturo Frondizi. 


Y en el artículo 3° se incluyó también a los militares que se negaron a participar del golpe del 55 y hubieran sido “difamados” por esa actitud. Y el apartado 5° se amplía mas al incluir a cualquiera que pudiera probar que había sido detenido por razones políticas. 

En noviembre de 2013 se sancionó la ley 26.913 que estableció una pensión para quienes hubieran sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo o detenidos por fuerzas de seguridad hasta el 10 de diciembre de 1983. Y, además, en su artículo 3° otorgaba a los herederos la posibilidad de reclamar las indemnizaciones y fijaba la imprescriptibilidad de los reclamos, habida cuenta que los delitos que se invocaban como causantes del daño tenían el mismo carácter. 


Sesenta años reclamando

El 6 de marzo de 2018, la justicia dio a conocer el fallo en el caso Racana María Marta c/Ministerio de Justicia y DDHH s/indemnizaciones Ley 24043 - Art 3. El juicio era producto de las leyes que ampliaban la cobertura indemnizatoria hasta la mitad del siglo pasado. 


El caso se inició en 1955 cuando en plena manifestación antiperonista en la festividad de Corpus Christi, un grupo de policías enviados por el ministro del interior Ángel Borlenghi quemó una bandera para luego culpar a los manifestantes por el acto. Perón ordenó que se formara una junta investigadora denominada Comisión N° 58 que no tardó en establecer la responsabilidad de un grupo de policías por el hecho e iniciar una causa judicial en su contra. Borlenghi renunció y el grupo de uniformados implicados fue detenido luego del golpe. Entre ellos estaba el comisario inspector Camilo Racana, que hasta el golpe prestaba servicio en la custodia presidencial. Racana fue detenido desde el 16 de septiembre de 1955 hasta el 31 de enero de 1956 en el buque Washington que servía de prisión improvisada ante la enorme cantidad de detenidos que producía el golpe. Tras pasar 110 días prisionero, fue liberado por un tiempo, pero vuelto a la cárcel por el mismo hecho, el 8 de marzo de 1958 y murió como convicto el 26 de enero de 1964 a causa un derrame cerebral. 

Pese a que había una causa penal con sentencia en firme, los herederos de Racana iniciaron una demanda por la ley 24.043 y el artículo 3° de la ley 26.554 argumentando que el comisario había estado detenido por razones políticas. En el pedido, reclamaron el computo de 2.333 días de indemnización mas un adicional de 5 años por la muerte en prisión por causas que consideran originadas en el encierro. 


Así, los considerandos de la ley son utilizados para reclamar indemnizaciones incluso en los casos en los que la prisión estuvo originada por motivos penales, que en las leyes adicionales a la 24.043 dejan de tener importancia. Y la imprescriptibilidad junto con la posibilidad de continuar los reclamos si se es sucesor de la víctima, abren una ventana de 63 años para pedir indemnizaciones por la intervención del Estado, independientemente del grado de delito en el que estuviera implicado el alcanzado por la norma. 


La danza de la fortuna

En este momento, es necesario hacer un alto en la enumeración de leyes y sacar algunas cuentas. En los registros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, se registran algo más de 8.960 desaparecidos durante el gobierno militar iniciado en marzo de 1976. A ellos hay que agregar unos 10.000 ciudadanos enviados a prisión por disposición del aquel gobierno. Luego, habrá que sumarles a los detenidos de la Libertadora, otros 10.000 de acuerdo a los registros de la época. Y otros 3.500, que es la cifra que en su momento blanqueó el gobierno desarrollista al mencionar a los alcanzados por la Plan CONINTES. No olvidemos el millar de detenidos tras la rebelión de Valle. Es decir que, en el mejor de los casos, ya estamos hablando de unas 33.000 indemnizaciones. Y si se suman los familiares directos que reclaman por su derecho a una pensión por diferentes motivos, la cantidad de alcanzados por algunas de las leyes es suficiente para poblar una provincia de tamaña mediano. 

Uno puede creer que la responsabilidad de esta situación recae en los gobiernos y parlamentos que fueron incrementando el reparto de indemnizaciones. Al Poder Ejecutivo de cada momento, se le puede culpar al menos de falta de transparencia, ya que incluso hoy no existen cifras oficiales de la cantidad de beneficios repartidos desde la ley 24.043 en adelante ni los nombres de los beneficiarios para que hubiera un mínimo escrutinio público sobre la legitimidad de los expedientes favorecidos. 

Pero también, hay una responsabilidad que recae en el Poder Judicial. Se sabe que en abril de 2016 existían por lo menos 27.000 pedidos de indemnización en la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. De esos, 5.000 corresponden a expedientes por exilio forzado. Al tratarse de un tramite al que se accede con la mera presentación de un formulario y sin patrocinio letrado, se iniciaron expedientes al por mayor y en muchos casos existen periodos de espera prolongados por la necesidad de revisar cada caso.

A partir del caso Yoffre-Vaca Narvaja, La Corte Suprema estableció la responsabilidad del Estado por el exilio forzado y el derecho de las víctimas a pedir un resarcimiento. Al saberse de ese fallo, las familias Firmenich y Gorriarán Merlo, entre otros que estuvieron vinculados a integrantes de organizaciones violentas, reclamaron y obtuvieron sus indemnizaciones en las que se computó el valor fijado por las leyes de exilio. 


En septiembre de 2014, la Corte Suprema falló en el caso “De Maio Ana de las Mercedes c/ Mº J y DDHH” y “De Maio Eleonora Lucía c/ Mº J y DDHH”. La sentencia del Tribunal Supremo le reconoció además a los hijos de los exiliados su derecho a reclamar una reparación al Estado argentino. Los supremos consideraron como daño a reparar que “la conducta estatal llevó a que nacieran y crecieran ajenas a la cultura e idiosincrasia propias de su tierra, sin posibilidad efectiva de ingreso al país en condiciones seguras hasta el advenimiento de la democracia”.

Los fallos “Yoffre-Vaca Narvaja” y “De Maio” provocaron una avalancha de reclamos judiciales de parte de aquellos cuyos expedientes habían sido rechazados en el Ministerio de Justicia y la presentación de nuevos pedidos originados en la renovada expectativa de éxito en sus aspiraciones.

Es un secreto a voces que la cantidad de expedientes rechazados y que luego deben pagarse por una sentencia favorable representan un problema económico severo para las arcas del Estado. Incluso cuando existen errores de lógica de parte de demandantes y que sus pedidos carecen de pruebas para demostrar que se trata de víctimas del terrorismo de estado, el Poder Judicial falla a favor y ordena las indemnizaciones. 

Expresado en cifras, significa que unos 6.000 millones de pesos ya se han pagado en indemnizaciones y pensiones hasta el presente. En muchos casos y de acuerdo a lo previsto por la ley, ese pago fue hecho en bonos del Estado que luego necesitan ser canjeados por dinero en el mercado. Solo entre 2013 y agosto de 2016, ya se llevaban pagados 237.214 días por detención y 865.204 días por exilio. Si se computa el valor por día de exilio (fijado en $1.019 a valores de agosto de 2016), es posible imaginar el peso que tienen las demandas en el erario público con los montos actualizados por inflación desde que se dio la última cifra oficial.


La reacción del Poder Ejecutivo fue disminuir mediante la resolución 670/16 el monto de las indemnizaciones por despido a un 25% de su valor anterior. En el texto de la norma, se explica que, de pagarse todas las indemnizaciones en trámite y excluyendo las que siguieron presentándose cada día desde entonces, se deberá disponer de un total de $9.495.008.344. Eso representa un 791% de lo previsto en las leyes y que debería ser pagado por el Tesoro Nacional con bonos o partidas extraordinarias. 


El problema que enfrentó el Poder Ejecutivo, es que, pese a esta Resolución, la justicia decidió hacer prevalecer el principio de igualdad y otorgar el beneficio completo en los fallos que siguieron a la publicación de la Resolución 670/16. Un ejemplo de ello esta en la causa que involucra a un actor, que viene reclamando que se lo incluya en el reparto. 


¿Tú también, Héctor? 

Uno de los casos mas recientes de ciudadanos que reclaman una indemnización está protagonizado por el actor Héctor Alterio, exiliado en España durante los años 70. 

La causa “Alterio, Héctor Benjamín c/ EN - M. Justicia y DDHH s/ indemnizaciones – ley 24.043 – art. 3” fue presentada ante la justicia ordinaria luego que el Ministerio de Justicia rechazara el expediente del actor, presentado en el año 2017. 

En su pedido original ante las autoridades de la Secretaría de DDHH, Alterio explicó que fue amenazado por la organización paramilitar peronista Triple A mientras se encontraba en España y que sufrió una amenaza de bomba en el hotel Wellington en el que se hospedaba mientras vivía en Madrid. Además, presentó pruebas de haber tenido que partir al exilio por la amenaza de la derecha peronista, que también prometían “sentenciarlo de muerte a él y a sus cuatro compañeros de profesión (Luis Brandoni, Nacha Guevara, Norman Brisky y Horario Guaraní) en donde se encontraren”. El escrito explicaba que se vio obligado a expatriar a su familia que residia en Argentina y que no pudo volver al país hasta diciembre de 1983 porque figuraba en las listas negras de la dictadura militar que continuó la violencia estatal inaugurada por el gobierno anterior. 

Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Justicia rechazaron el pedido de Alterio por considerar que no mostraba suficientes pruebas de haberse exiliado por razones políticas. En la respuesta, le hicieron notar que “no surgen elementos (vgr. detención previa acreditada, orden de captura, algún hecho de persecución directa, etc.) que permitan inferir, sin lugar a dudas, temor fundado en razones de persecución política, padecida en forma directa y personal por la peticionante en el sentido de que se hubiese visto compelido a extrañarse como única alternativa razonable para salvaguardar su vida, su integridad física o libertad”.

En otra parte del informe, explican que “ya en 1980 el causante habría estado viajando a la Argentina”. Ello surgiría de archivos relacionados con la filmografía argentina, en los que consta que el 2 de octubre de 1980 se estrenó en nuestro país el film titulado “Tiro al aire”, que tenía como protagonista al señor Alterio.

Pese a estos argumentos, los jueces decidieron entregarle el beneficio y ahora queda la instancia de la Corte Suprema, en donde reside el principio de otorgar beneficios a los reclamantes en la mayoría de los casos. Y para el reclamo de reducir la indemnización al 25%, citaron la inconstitucionalidad del decreto del Ministerio de Justicia tal como lo había establecido la Cámara en lo Contencioso Administrativo el año anterior. Fue en el denominado “Caso CAREAGA, ESTER c/ M JUSTICIA Y DDHH s/INDEMNIZACIONES”, cuando ese cuerpo declaró que el Ejecutivo no tenía las facultades reglamentarias para reducir los montos fijados por las leyes. 

El caso de Alterio, al igual que sucedió con la demanda de Racana, explica porqué el entramado de leyes que comenzó a tejerse en tiempos de Menem se convirtió en un problema presupuestario y legal de proporciones. 

Mientras tanto, desde otros grupos afectados por la violencia o la tragedia, se intenta en vano participar de la actitud reparadora para los casos en los que el Estado falló en su deber de protección. Las víctimas del asalto al Regimiento 29 de Formosa en octubre de 1975, cuando un grupo de Montoneros intentó copar la instalación y asesinó a 13 militares y conscriptos, esperan un proyecto de ley que busca incluirlos dentro de los considerandos de la 24.043. 

Quienes ya tienen disponible una reparación sin haber sido víctimas del terrorismo de Estado son los familiares de los marinos del ARA San Juan, que ya fueron notificados que recibirán $48.130 pesos, correspondientes a $3.800 por seguro de sepelio y $44.330 del seguro social obligatorio. Es lo que recibirán de la compañía de seguros contratada por la Armada para el caso de un siniestro. Equivale a casi dos meses de exilio. Algo es algo.


Por Ignacio Montes de Oca

Con la colaboración de Julieta Monge Molina en la investigación 

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